E n el intento del Gobierno federal por convencer al Senado de aprobar la nueva reforma a la Ley Aduanera, la escena fue casi teatral: Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la ANAM , expuso ante legisladores los supuestos avances contra el contrabando y la corrupción… justo mientras su propio nombre aparece bajo sospecha por presunto enriquecimiento ilícito.

Sí, el mismo funcionario que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, presume una colección de relojes de lujo y un penthouse valuado en varios millones de pesos , fue quien pidió a los senadores cerrar filas “contra la corrupción” en las aduanas.

Durante la sesión, Márquez afirmó que el 68% de los agentes aduanales operan en niveles de riesgo por corrupción y que “menos de 30” controlaban el contrabando de hidrocarburos en todo el país. Según él, el problema está identificado y el gobierno lo enfrenta con firmeza: existen más de 7 mil 700 carpetas de investigación , de las cuales 818 ya tienen detenidos .

Sin embargo, la ironía flotó en el aire. Porque mientras denunciaba el “poder económico ilícito” de los aduanales corruptos, Márquez se convertía —sin mencionarlo— en el reflejo más evidente del sistema que dice combatir: un alto funcionario aduanero con signos visibles de riqueza desproporcionada , que en público exige sanciones ejemplares, pero en privado acumula bienes difíciles de explicar con un sueldo federal.

El discurso oficial incluyó cifras alarmantes: 100 agentes concentran el 90% de las operaciones aduaneras y “45 están bajo proceso”. Se habló de la urgencia de aprobar la reforma que permitirá la “trazabilidad” de combustibles, es decir, seguir cada litro de gasolina importada desde su ingreso al país hasta su venta final.

Pero la credibilidad de esa cruzada se tambalea cuando quien encabeza la investigación aduanera representa el mismo rostro de la opulencia que el gobierno dice erradicar .

El contraste entre el mensaje y el mensajero no pasó inadvertido en los pasillos del Senado. Algunos legisladores, con discreción, comentaron la paradoja de escuchar sobre “transparencia” de alguien bajo la lupa por su propio estilo de vida.

En el fondo, el episodio ilustra una vieja constante en la burocracia mexicana: los guardianes de la honestidad pública suelen vivir como si ya hubieran ganado la guerra contra la corrupción , aunque apenas estén librando las primeras batallas.

¿Reforma aduanera o lavado de imagen institucional? La pregunta quedó abierta. Porque mientras el gobierno promete rastrear cada litro de combustible, aún falta que alguien rastree el origen de los relojes suizos y del penthouse del señor Márquez. (Agencias)