Esta semana las redes sociales se prendieron con una noticia: “Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo”. La frase corrió como pólvora; algunos lo celebraron como un triunfo de la “razón lingüística” y otros lo denunciaron como un retroceso en materia “igualdad”. Pero, como suele pasar en estos tiempos de inmediatez digital, pocos se detuvieron a leer qué fue exactamente lo que aprobó el Congreso del Estado.

La reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación no dice nada sobre prohibiciones. En realidad, lo único que establece es que las autoridades educativas deberán fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. En otras palabras, un llamado a cuidar el idioma, no una censura sobre cómo hablar. Hasta ahí, todo parecería razonable.

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