Las familias afectadas por las incautaciones de bienes que ordenó el franquismo durante la Guerra Civil vivieron con esperanza la aprobación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 , ya que abrió la puerta a su restitución. Sin embargo, tres años después, siguen esperando (y desesperando). "Estamos encallados; la gente es mayor y se está muriendo", denuncia Lídia Jiménez , nieta del expresident de la Generalitat catalana Lluís Companys y tesorera de la Asociación de Perjudicados por las incautaciones franquistas (Apigf) , cuya lucha empezó hace 25 años. En aquel entonces eran 1.000 familias; hoy, lamenta Jiménez, quedan unas 400.

En una conversación con EL PERIÓDICO, coincidiendo con el aniversario del asesinato de su abuelo, Jiménez insiste una y otra vez que

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