El desarrollo urbano y la expansión de los conjuntos residenciales han hecho que la figura del vigilante se vuelva indispensable.

Décadas atrás, era común encontrar un único celador encargado de custodiar varias viviendas en una misma calle. Hoy, en cambio, la mayoría de los conjuntos cuentan con personal propio de seguridad , contratado por medio de empresas o cooperativas del sector.

Este cambio estructural en la manera de vivir y de organizar la seguridad privada generó durante años dudas sobre los costos asociados al servicio, especialmente respecto al seguro de vida de los vigilantes.

La entrada en vigor de la Ley 1920 de 2018, conocida como la Ley del Vigilante, resolvió de forma definitiva quién debe asumir dicha obligación.

La normativa regula las disposiciones aplicables a las

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