En Colombia, los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos están regulados por la Ley 820 de 2003, una norma que establece los derechos y deberes tanto de arrendadores como de arrendatarios, así como las condiciones, formalidades y causas de terminación de los contratos de alquiler.

Esta ley busca equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos, garantizando que no se impongan cobros o trámites que carezcan de respaldo legal.

La Ley 820 de 2003 protege a los inquilinos de pagos injustificados o depósitos ilegales, pero también obliga a los arrendatarios a cumplir con sus compromisos económicos y de uso del bien arrendado.

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Qué trámite no pueden imponer los arrendado

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