La Defensoría del Pueblo de Colombia enfrenta uno de los mayores recortes presupuestales de su historia reciente.

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Para 2026, la entidad podría perder más de $59.000 millones , una reducción que, según su directora, Iris Marín Ortiz , pondrá en riesgo la atención a víctimas del conflicto armado, el monitoreo de violaciones a los derechos humanos y la presencia institucional en regiones donde la violencia no da tregua.

La defensora del pueblo encendió las alarmas luego de conocer la ponencia del presupuesto general de la Nación para 2026, que contempla una disminución de recursos para la entidad en comparación con años anteriores.

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