La Organización de las Naciones Unidas criticó duramente al Gobierno colombiano por la grave contaminación del río Atrato, causada por la minería ilegal de oro. El organismo calificó la situación como “una emergencia de derechos humanos”, pues afecta la salud y la subsistencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El mercurio ha impregnado el cauce, intoxicando fauna y personas, y más de un tercio de la población local presenta riesgo de daños neurológicos y padecimientos crónicos. Además, la contaminación fomenta fenómenos como la deforestación, la prostitución y el trabajo forzoso, controlados por redes criminales.

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