La Procuraduría General de la Nación demandó y solicitó tumbar totalmente el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de pasaportes, suscrito por más de 1.3 billones de pesos.

El ente de control demandó la totalidad del convenio por medio de una solicitud de nulidad total, al concluir que la suscripción del mismo tuvo graves vicios e irregularidades que trasgredieron las normas de contratación estatal.

Para el Ministerio Público fueron varias disposiciones legales las que fueron vulneradas, entre ellas por ejemplo los procedimientos competitivos de selección, así como vicios en la convocatoria y decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional al momento de aprobar su participación en el convenio.

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