El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ha ordenado al Gobierno Nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas a partir de 2024. La decisión, emitida el jueves, exige que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reintegre los montos de los subsidios que los beneficiarios no cobraron durante el tiempo de suspensión.

El fallo se extiende a todo el país, ampliando una medida cautelar que había sido dictada en septiembre en respuesta a un amparo colectivo presentado por diversas organizaciones de derechos humanos y personas con discapacidad. Este amparo cuestionaba la suspensión masiva de pensiones dispuesta por el presidente Javier Milei a través del Decreto 843/2024.

El juez Guillermo Díaz Martínez ordenó a la ANDIS que, en un plazo de veinticuatro horas, restablezca todas las pensiones suspendidas y pague los haberes retenidos. Además, se le prohibió realizar nuevas auditorías y suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva. En sus palabras, el magistrado afirmó: “corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas”.

El amparo fue impulsado por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y otros grupos, quienes argumentaron que las suspensiones vulneraron derechos fundamentales. La decisión judicial se suma a otras resoluciones similares en provincias como Formosa, Misiones y Río Negro, donde jueces federales ya habían ordenado la restitución de prestaciones y el reintegro de haberes.

El contexto de esta medida se relaciona con la aplicación del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones, elevando el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” al 66%. Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría careció de un marco normativo claro y que muchas notificaciones no fueron entregadas adecuadamente.

Este viernes, se llevaron a cabo protestas frente a la sede de la ANDIS, donde manifestantes exigieron la restitución de las pensiones y la atención a sus necesidades. Sin embargo, se reportó que el nuevo interventor, Alejandro Vilches, no recibió a los manifestantes, lo que generó un aumento de la tensión.

Con esta decisión judicial, se espera que miles de beneficiarios recuperen ingresos esenciales para su sustento, garantizando así una vida digna para las personas con discapacidad en el país.