Tras la aprobación del proyecto de presupuesto en el Congreso, viene el trámite de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno busca financiar sus gastos de 2026. Allí se plantea modificar el régimen de los biocombustibles , en particular para ajustar la forma en que se fija su precio.
Esta propuesta tiene prendidas las alarmas entre empresarios y trabajadores del sector. Los sindicatos de las agroindustrias de la caña y de la palma de aceite, que emplean a 360.000 personas, expresaron su rechazo a las pretensiones del Gobierno de ponerles IVA a los biocombustibles y de modificar la fórmula de cálculo del ingreso al productor, disminuyéndolo al punto de, en su concepto, generar riesgo de destrucción de empleos, de permanencia de las empresas y de retroceso en los avances de las m