En la entrega pasada hablamos del reconocimiento del derecho constitucional al agua, incorporado al artículo 4° de la Constitución el 8 de febrero de 2012.

Aquella reforma fue histórica: reconoció el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, y obligó al Congreso a expedir, en menos de 360 días, una Ley General de Aguas.

Han pasado 13 años desde entonces. El reloj constitucional se detuvo, la crisis hídrica creció y dicha obligación no se cumplió.

Recientemente, el Congreso de la Unión anunció y mandó la llegada de la Ley General de Aguas realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales. Dos normas que pueden sonar similares, pero responden a objetivos distintos del man

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