Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario , la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que iniciará acciones judiciales para que la administración nacional asigne de forma los recursos necesarios y cumpla con su ejecución.

Pese a que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.795 , en el mismo Decreto 759/2025 ordenó frenar su aplicación hasta tanto el Congreso determine de dónde saldrán las partidas para su implementación, amparándose en el artículo 5° de la Ley 24.629 , que indica que toda norma que autorice o disponga gastos "deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos" .

La ley establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposició

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