Emprender en Argentina nunca ha sido tarea sencilla, pero en Córdoba la ecuación se complejiza todavía más: el riesgo de emprender ya no es sólo económico o contractual, sino también penal.

Lo que debería resolverse con un arreglo comercial o una demanda civil muchas veces termina escalando a imputaciones judiciales y denuncias penales que se utilizan como herramientas de presión.

Esta práctica refleja una peligrosa tendencia: la expansión del derecho penal hacia terrenos que no le corresponden, transformando conflictos comerciales en causas criminales.

Un ejemplo claro son los fideicomisos inmobiliarios. Estos vehículos, diseñados para canalizar inversiones y concretar desarrollos, ofrecen flexibilidad y permiten repartir riesgos, pero también se han vuelto terreno fértil para conflict

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