La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial. La decisión busca garantizar los derechos constitucionales vinculados a la educación pública y el respeto a la división de poderes.

La resolución del Consejo Superior de la UBA fue adoptada luego de que el Poder Ejecutivo promulgara, pero suspendiera la aplicación de la norma, a la espera de que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias. Según la Universidad, esta medida constituye una vulneración de derechos y un desconocimiento de la voluntad legislativa.

La UBA fundamentó su decisión en la necesidad de que se cumplan las obligaciones constitucio

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