BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano divulgó el jueves un proyecto de ley que presentará ante el Congreso en busca de convocar una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna que rige desde 1991, una propuesta de inmediato criticada por opositores.

“Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI”, aseguró el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en un video divulgado a la prensa.

A lo largo de su gobierno, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que sea el “pueblo” el que decida los cambios que necesita y ha planteado modificar la Constitución. Sin embargo, es la primera vez que sigue el conducto regular para hacerlo por el Congreso.

La Constitución vigente desde 1991 plantea que, para ser reformada, el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en votación popular si convocan una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Luego la Corte Constitucional deberá revisar la ley y darle su aval.

La convocatoria de la Asamblea necesita la votación positiva de al menos una tercera parte de los electores habilitados, es decir cerca de 13 millones de votos, más de lo que necesitó Petro para ser elegido presidente.

Se trata de un reto, dado que ocurre en el último año del gobierno de Petro y cuando los legisladores están enfocados en sus campañas para las elecciones de marzo y mayo de 2026.

La propuesta gubernamental generó críticas entre sus opositores, quienes consideran que es inoportuna y busca distraer de los problemas del país. “Un camino tan largo y exigente que a un presidente impopular, errático, incapaz de gobernar y obsesionado con el poder difícilmente le saldrá”, dijo el jueves el senador conservador, Efraín Cepeda, en la red social X.

Petro convocó a sus simpatizantes para que se manifiesten el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá —frente al Congreso— en apoyo a la “soberanía” del país, justo cuando aumentan las tensiones con el gobierno estadounidense y en busca de recolectar firmas de los ciudadanos para dar un impulso simbólico a su propuesta de Constituyente.

El proyecto de ley divulgado por el gobierno plantea que la Asamblea Constituyente esté integrada por 71 delegados elegidos por voto popular, incluyendo representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, víctimas del conflicto armado y mujeres.

En caso de que el Congreso, donde el gobierno no tiene garantizadas las mayorías, apruebe el proyecto, los ciudadanos serán convocados a votar y a responder si están de acuerdo o no con que la Asamblea Constituyente “reforme la totalidad de la Constitución Política, no revoque al Congreso, tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos”.

La Asamblea Constituyente sesionaría por tres meses para hacer una nueva constitución, según el texto propuesto.

El proyecto también plantea dar facultades extraordinarias al presidente por seis meses para que expida normas con fuerza de ley en las que precise los requisitos para ser elegido delegado en la Asamblea y otros detalles del mecanismo.