La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha iniciado un proceso disciplinario de 60 días hábiles contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, miembro del Equipo Especial Lava Jato. Esta acción se produce tras la anulación del juicio del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional (TC), que afectó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La ANC formalizó la medida mediante la Resolución N° 05-2025-ANC-MP-UPD-ADC-Lima Centro, emitida el 10 de octubre. La decisión se basa en una queja iniciada de oficio, motivada por una publicación que reveló la nulidad del juicio oral contra Fujimori. Según el documento, se le atribuye a Pérez el incumplimiento de su deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad, lo que se considera una falta muy grave según el Código de Ética del Ministerio Público.

El informe 473-2025 de la Unidad de Investigación Preliminar de Quejas señala que el fiscal incurrió en errores tanto de forma como de fondo al presentar la acusación en el caso Cócteles. Esto generó múltiples observaciones judiciales que llevaron a la anulación del juicio. “El hecho de que el fiscal haya requerido diecinueve subsanaciones de la acusación por errores de forma y fondo evidencia que la acusación no fue razonable ni coherente”, indica el informe.

La ANC argumenta que estas deficiencias perjudicaron el desarrollo del proceso y afectaron la imagen institucional del Ministerio Público, lo que justifica la apertura del procedimiento disciplinario. Durante los 60 días hábiles del proceso, se solicitará un informe de descargo a Pérez, quien deberá presentarlo en un plazo de cinco días hábiles tras su notificación. Si se comprueba la falta, las sanciones podrían variar desde una suspensión de entre cuatro y seis meses hasta la destitución del cargo.

El Tribunal Constitucional anuló el juicio del caso Cócteles al considerar que la acusación carecía de sustento jurídico suficiente y vulneraba el derecho de defensa de los investigados, incluyendo a Keiko Fujimori. Esta decisión también benefició a otros implicados, como el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y ha generado tensiones entre el TC y el Equipo Especial Lava Jato.

Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha expresado su preocupación, sugiriendo que el proceso disciplinario podría ser una represalia por parte de Fuerza Popular tras la sentencia del TC. “Queremos pensar que esto puede ser una coincidencia con los acontecimientos recientes, pero se condice con lo dicho por la señora Fujimori sobre posibles represalias que buscan afectar la autonomía fiscal”, declaró Vela.

Además, Vela criticó la falta de apoyo del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en un momento crítico para el sistema de justicia. “Esperábamos un pronunciamiento que respalde la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, lo que encontramos es silencio y procedimientos disciplinarios”, afirmó.

El caso Cócteles investiga el presunto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, a través de aportes no declarados de empresas vinculadas a Odebrecht. La acusación de Pérez incluía presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, que ahora han quedado sin efecto tras la resolución del TC.