La desaparición de personas es un delito grave que se combate en la República Mexicana mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que si bien, México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, por lo que las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles.

La Cancillería, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, indicó que "ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas l

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