Muchos empresarios y ejecutivos están preocupados por dos hechos: el primero es la reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal y el segundo es el anuncio del SAT de que realizará 16,200 auditorías en 2026. Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete eficiencia recaudatoria, muchos perciben una ofensiva más política que técnica, orientada a cobrar primero y permitir la defensa después.

La nueva Ley de Amparo restringe las suspensiones de actos reclamados —el principal escudo de los contribuyentes ante abusos de la autoridad fiscal— bajo el argumento de proteger el "interés social" y el "orden público". En la práctica, quien sea auditado o enfrente un crédito fiscal ya no podrá frenar el acto del SAT mediante amparo. Tendrá que pagar o garantizar el monto antes de litig

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