Cataluña vuelve a enfrentar una controversia en torno a la gestión de los menores tutelados por la Generalitat, tras conocerse que la Policía Nacional ha desmantelado una organización de familias que habría engañado a los servicios sociales con un total de hasta 1,5 millones de euros, haciendo ver que sus propios hijos eran menores extranjeros no acompañados.
Esta operación policial vuelve a poner en el foco la labor de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y su control sobre las ayudas sociales destinadas a jóvenes tutelados, un ámbito ya cuestionado por presuntos pagos irregulares y que se encuentra bajo revisión de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Hasta el momento, se ha procedido a la detención de unas treinta personas, todas ellas progenitore

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