La Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados de Canarias y la asociación de Salud Mental Espiral han pedido la mediación de Rosa Rubio, fiscal de Mayores, Discapacitados y Salud Mental de Canarias, para exigir el cumplimiento del plan acordado en 2022 en el Parlamento de Canarias para la supresión de las sujeciones físicas en los centros sociosanitarios.

Esta medida debía haber estado implantada en todos los centros de atención a mayores, personas con discapacidad o pacientes con trastornos mentales antes del pasado 30 de junio. Sin embargo, a los colectivos les consta que se siguen empleando estos métodos, que atentan contra los derechos humanos.

«Al tratarse de una norma no tiene rango de ley, no se puede exigir su cumplimiento desde los tribunales», i

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