**EE.UU. impone sanciones a Gustavo Petro y su familia**
La Administración del presidente Donald Trump ha anunciado sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta decisión se produce en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha incluido a estos funcionarios en su 'lista negra'.
Las sanciones implican el bloqueo de cualquier propiedad que Petro y su familia posean en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones internacionales utilizando medios de pago ubicados en el país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad". Además, enfatizó que "no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país".
Bessent también afirmó que desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord, lo que ha contribuido a la crisis de drogas en Estados Unidos. "La cocaína proveniente de Colombia suele ser comprada por cárteles mexicanos, que luego la introducen de contrabando en Estados Unidos a través de la frontera sur", explicó.
Gustavo Petro, quien asumió la presidencia en 2022, ha sido criticado por su enfoque hacia el narcotráfico, argumentando que su plan de “paz total” ha beneficiado a organizaciones narcoterroristas. En respuesta a las sanciones, Petro afirmó que ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y que no dará "ni un paso atrás".
"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió Petro en la red social X.
Por su parte, Armando Benedetti, el ministro del Interior, también reaccionó a las sanciones, expresando en X: "Gringos go home".
Las sanciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14059, que busca sancionar a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas a nivel mundial. La situación refleja la compleja relación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, un problema que ha persistido durante décadas.

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