El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al presidente colombiano, Gustavo Petro. Según el Ejecutivo chavista, estas acciones buscan "criminalizarlo" y promover una "desestabilización interna" en Colombia, en el marco de una "estrategia de injerencia".

Además de Petro, las sanciones también afectan a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Venezuela calificó estas medidas como "ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial", argumentando que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado, el Gobierno venezolano exigió el "cese inmediato de estas prácticas coercitivas" y convocó a los países y pueblos de América Latina y el Caribe a "defender la soberanía y la dignidad" de la región frente a cualquier forma de injerencia.

Los sancionados han sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que implica que todos sus activos y propiedades en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe realizar transacciones con ellos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó las sanciones al afirmar que "desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses". Bessent añadió que Petro "ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad".

Por su parte, Venezuela defendió a Petro, afirmando que es el "único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas".

Caracas continúa su postura firme contra las sanciones, mientras la situación política en Colombia se complica con estas nuevas medidas.