Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) a partir del próximo lunes como fiscal general del Estado en ejercicio. La Sala Penal del alto tribunal ha ratificado la negativa del magistrado Ángel Hurtado a suspenderlo en el cargo, como solicitaba una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En su resolución, la Sala deja claro que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) "contemplan una suspensión cautelar específica" del máximo representante del Ministerio Público "durante un proceso penal".
El fiscal general se enfrenta a una posible condena de entre cuatro y seis años de prisión por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González

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