La postergación del proceso de privatización de las represas hidroeléctricas abre una breve pero decisiva ventana para reflexionar sobre el significado profundo y el alcance de esta medida. No se trata solo de contratos, sino de la entrega del control sobre uno de los mayores complejos de ingeniería hidroeléctrica del país, símbolo de soberanía, identidad y desarrollo colectivo.

El reciente intento de reprivatización —ahora postergado por el contexto político y económico, se apoya en la misma matriz ideológica que promovió la desarticulación del Sistema Eléctrico Nacional en 1992/93.

Aquel proceso desreguló el mercado, redujo la capacidad de planificación estatal y despojó a las provincias del control sobre los recursos que sostienen su propio desarrollo.

Hoy, nuevamente, la gestión de

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