El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores se ha convertido en un escudo fundamental para los derechos laborales en España, especialmente en situaciones donde el trabajador se encuentra imposibilitado para desempeñar sus funciones por causas atribuibles a la empresa. Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, esta disposición legal garantiza que los empleados mantengan su derecho a percibir el salario íntegro cuando la prestación laboral se ve impedida por decisiones o problemas originados en el ámbito empresarial. La normativa es contundente al señalar que «si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato, porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este con

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