Las proyecciones del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que, hasta 2023, en la Región de Antofagasta habría 13.664 personas en situación migratoria irregular, un aumento de 131,48% respecto a 2022. Esos datos se han convertido en un punto central del debate público y electoral sobre qué hacer frente a la migración no regularizada.

La discusión se polariza entre quienes piden mayor fiscalización y expulsiones rápidas, y quienes plantean políticas de regularización o mecanismos temporales para integrar a trabajadores que cubren puestos escasos en el mercado laboral local. En ese contexto, dirigentes políticos han enfatizado posiciones contrapuestas.

El senador Pedro Araya (PPD) defendió la expulsión acelerada de quienes ingresan

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