El Tribunal Supremo ha confirmado que el Estado tendrá que indemnizar con 4.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por el perjuicio causado con la investigación que abrió el Ministerio Público en su contra y cuya dilatación en el tiempo le impidió lograr una plaza en Anticorrupción. El alto tribunal desestima un recurso de la Abogacía del Estado y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional del pasado 13 de febrero.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso determina en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN que no pueden admitir a trámite el recurso de los Servicios Jurídicos del Estado porque entienden que carece de fundamento suficiente y de interés casacional para la formación de jurisprudencia. Así pues confirma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional que d

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