El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles 29 de octubre una ley que endurece el combate a las organizaciones criminales y amplía la protección a los servidores públicos que trabajan en esta área, en el marco de la crisis de seguridad en Río de Janeiro.

La Ley 15.245, publicada en el Diario Oficial de la Unión, reforma el artículo 288 del Código Penal (ley 2.848 de 1940). La modificación sanciona a quienes contraten o soliciten la ejecución de un delito a miembros del crimen organizado, incluso si el acto no se concreta. La pena corresponderá a la establecida para asociación delictuosa, de uno a tres años de prisión.

La normativa también altera la legislación 12.694 de 2012 para extender la protección a miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público

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