El derecho al cobro del salario está garantizado por ley en España, incluso cuando las empresas atraviesan dificultades económicas o acumulan deudas. Según establece el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores , recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, los trabajadores tienen asegurada la percepción de sus salarios mediante un sistema de garantías que les otorga preferencia frente a otros acreedores. Esta protección resulta fundamental en un contexto económico donde la insolvencia empresarial puede poner en riesgo los derechos laborales básicos de los empleados. El texto legal establece claramente que los créditos salariales gozan de una preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda que pueda tener la empresa.

Específicamente, los salarios correspondientes a los últim

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