La abogada de Emilio Tapia, la penalista Diana Muñoz Castellanos, no logró evitar el regreso de su cliente a la cárcel condenado por corrupción en el sonado caso de Centros Poblados cuando un puñado de contratistas, incluido Tapia se quedaron con 70 mil millones del programa de internet para las escuelas rurales impulsado por el Ministerio de las TIC en cabeza de Karen Abudein en el gobierno de Ivan Duque.

Desde la noche de Halloween estará en prisión tras la orden del Juez 15 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, Juan Guillermo Salazar Arboleda, quien revocó el beneficio judicial otorgado por colaboración con la justicia, argumentando que, aunque había cumplido con los requisitos de tiempo de condena, no demostró un cambio real de conducta ni un compromiso con su reintegración so

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