La concesionaria Rutas de Lima se enfrenta a una grave crisis tras la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, que ha ordenado la suspensión del cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. Esta resolución judicial ha sido calificada por la empresa como "arbitraria" y "ilegal".

En un comunicado, Rutas de Lima anunció que acatará la disposición del juzgado para proteger a sus trabajadores y usuarios, evitando así cualquier tipo de "agitación social". Sin embargo, la empresa no dudó en expresar su descontento, afirmando que esta medida priva a la concesionaria del 100 % de los ingresos que le restaban.

La jueza María Cáceres Rivera, responsable de la decisión, fundamentó su fallo en una demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, argumentando que el cobro de peajes vulneraba el derecho a la libertad de tránsito. Además, la jueza advirtió que Rutas de Lima podría enfrentar multas si no cumple con la orden.

Rutas de Lima también se encuentra en un proceso de disolución y liquidación, anunciado a principios de octubre. La empresa sostiene que esta decisión es una "consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento" por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades estatales. A pesar de esta situación, la concesionaria ha asegurado que continuará operando las vías concesionadas y garantizando el servicio a los usuarios.

La Junta General de Accionistas de Rutas de Lima formalizó esta decisión el 29 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la Ley General de Sociedades del Perú. La empresa ha manifestado que se reserva todos sus derechos frente a los "actos" del Estado peruano, en el marco de lo que consideran una "campaña de hostilidad sin precedentes" contra su operación y sus inversionistas.