Las redes de soporte familiar se debilitan y la Administración autonómica se ve obligada a suplir ese papel de apoyo para ayudar a personas que, por una discapacidad intelectual, un trastorno mental o un deterioro cognitivo, necesitan ayuda en la toma de decisiones, bien sea para gestionar sus bienes, para sus cuidados médicos o para tramitar prestaciones. De esa tarea se encarga desde hace casi 30 años la Fundación Pública para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga) , cuya actividad se ha disparado debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades mentales . Solo en lo que va de año el número de personas atendidas ha pasado de 3.151 al cierre de 2024 a un total de 3.587, lo que supone un crecimiento del 14 por ciento.

La labor de la Xunta consiste en

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