La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado constitucional la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), que establece un límite máximo a las comisiones que pueden cobrar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Esta decisión, tomada durante la sesión de Pleno del 30 de octubre de 2025, responde a un interés público superior: proteger los ahorros de los trabajadores y garantizarles mejores condiciones para una pensión digna.

El fallo se produjo en el contexto del Amparo en Revisión 177/2025, promovido por una administradora de fondos que argumentaba que la regulación vulneraba la confianza legítima de las empresas y la libertad de competencia. Sin embargo, la Corte concluyó que la medida no afecta estos principios. En su resolución, se enfatizó que el ahorro para el retiro es fundamental para la seguridad social, lo que obliga al Estado a intervenir para asegurar que el sistema opere con eficiencia, transparencia y justicia social.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que no se puede analizar la norma como si se tratara de un libre mercado, ya que el Sistema de Ahorro para el Retiro es de orden público y su principal objetivo es proteger a los trabajadores y sus recursos. Los ministros subrayaron que la regulación de comisiones resulta en beneficios directos y cuantificables para los trabajadores, ya que cada reducción en los costos permite que una mayor parte de sus aportaciones se sume a su cuenta individual, aumentando así el monto de su pensión al final de su vida laboral.

Además, se indicó que la intervención del Estado no elimina la competencia entre Afores, sino que la equilibra, evitando prácticas abusivas que podrían poner en riesgo los recursos de millones de ahorradores. La resolución de la SCJN reafirma que las comisiones seguirán sujetas a los límites máximos establecidos por los organismos reguladores, basados en estándares internacionales y comparaciones con sistemas de retiro de otros países.

Con este fallo, el máximo tribunal refuerza el marco legal del Sistema de Ahorro para el Retiro y respalda la legitimidad del Gobierno federal para implementar políticas que protejan el patrimonio de los trabajadores, en un contexto donde las pensiones son un tema económico y social de gran relevancia para el país.