La vicepresidenta Aagesen apoya una propuesta de ex cargos militares europeos de alto rango para que lo invertido en infraestructuras de bajas emisiones compute dentro del gasto prometido a la OTAN

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“Tienen toda la razón”. Es la opinión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaagesen, sobre la petición que un grupo de militares y expertos europeos en seguridad acaba de realizar a los jefes de gobierno europeos para que la inversión en energías renovables se compute como gasto en Defensa.

El pasado 23 de octubre, más de una docena de expertos en clima y defensa y altos mandos militares retirados europeos reclamaron en una carta abierta a los líderes de los países europeos que forman parte de la OTAN que lo invertido en infraestructuras de bajas emisiones de carbono compute dentro del 1,5% del PIB que los países de la Alianza Atlántica han comprometido para “infraestructuras críticas”.

Los firmantes de esa misiva entienden que la crisis climática representa una amenaza para la seguridad nacional y que las energías limpias hacen a los países más resilientes a potenciales amenazas externas. La eólica o la fotovoltaica son una fuente autóctona, a diferencia del gas, el petróleo o, en el caso de España, el uranio que alimenta las centrales nucleares, como la de Almaraz (Extremadura), cuya prórroga hasta 2030 acaban de pedir Iberdrola, Endesa y Naturgy.

La vicepresidenta tercera del Gobierno español apoya la idea de ese grupo de expertos militares. El pasado lunes, Sara Aagsen saludó la iniciativa porque, según explicó, “apostar por las renovables es apostar por la seguridad”.

“Si lo dicen los expertos en defensa, yo creo que en este caso tienen toda la razón”, dijo la ministra en la inauguración de la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables de elDiario.es, en la que subrayó que en un contexto “complicado” como el actual, “hablar de autonomía estratégica y energética es fundamental”, y “el mundo entero apuesta por las energías renovables”.

Ese 1,5% del PIB en el que, según esos expertos militares, debería computar en el gasto en defensa, es un porcentaje adicional al 3,5% prometido por los miembros de la OTAN para fuerzas armadas y armamento, hasta el famoso 5% del PIB que el presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses exigiendo a España y que el Gobierno considera inasumible.

Un 1,5% del PIB español equivale a unos 36.000 millones de euros, frente a los 308.000 millones de inversiones que el Ministerio para la Transición Ecológica calculó hace un año que movilizará hasta 2030 el Plan Nacional Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en la última actualización que envió a Bruselas.

En ese acto organizado por elDiario.es, Aagesen citó para ilustrar esa pujanza de las renovables a escala mundial la última estimación de Bloomberg NEF. Esta consultora cifra la inversión global en el sector el primer semestre de este año en un nuevo récord de 386.000 millones de dólares, un 10% más, pese al descenso registrado en solar en varios mercados, entre ellos España, por la proliferación de precios negativos mayoristas.

Según ese informe de Bloomberg NEF, en la primera mitad de 2025 la inversión en la UE creció en 30.000 millones (un 63% más) en comparación con la segunda mitad de 2024, atrayendo parte de lo que hasta entonces se destinaba a Estados Unidos, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La carta de ese grupo de expertos militares señala: “La dependencia de los combustibles fósiles hace que nuestros países sean menos seguros. Nos deja vulnerables a enormes alzas de precios en tiempos de conflicto, como vimos cuando Rusia invadió Ucrania”, en alusión a la subida exponencial del gas que provocó la agresión de Moscú.

“Para ayudar a desbloquear las inversiones necesarias para lograr la soberanía energética y garantizar que dejemos de entregar miles de millones de dólares al año al Kremlin, les instamos a que impulsen que el gasto en energías renovables y bajas en carbono se contabilice como parte del objetivo del 1,5% de la OTAN”.

Estos expertos recuerdan que en 2024, los pagos de la UE a Rusia por importaciones de combustibles fósiles (casi 22.000 millones de euros) superaron las ayudas financieras del club europeo a Kiev, de unos 19.000 millones, y que desde febrero de 2022, cuando Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania, la UE ha gastado más de 105.000 millones de dólares (90.700 millones de euros, al cambio actual) en importaciones de gas ruso, lo que equivale al 75% del presupuesto militar ruso para 2024.

“Aunque la UE se ha comprometido a dejar de importar petróleo y gas rusos para finales de 2027, los avances no son lo suficientemente rápidos. Debemos poner fin a nuestra dependencia del petróleo y el gas extranjeros”, dice la misiva, que recuerda que el conflicto en Ucrania también ha demostrado que “las grandes centrales eléctricas son objetivos para los agresores militares, mientras que un conjunto de turbinas eólicas y paneles solares es mucho más difícil de destruir y puede ayudar a mantener el suministro eléctrico en tiempos de guerra”.

“Para ayudar a desbloquear las inversiones necesarias para alcanzar la soberanía energética y garantizar que dejemos de entregar miles de millones de dólares al año al Kremlin”, los firmantes instan a impulsar que el gasto en renovables e instalaciones bajas en carbono se contabilice como parte del objetivo del 1,5% de la OTAN. Hacerlo “reforzará la seguridad europea, protegerá las infraestructuras civiles vitales de los ataques y protegerá a Europa de la tiranía de los magnates de los combustibles fósiles”.

Falsa dicotomía

También reivindican el aumento del gasto militar como “un elemento disuasorio fundamental”, pero califican de “falsa dicotomía argumentar que debe hacerse a expensas de las medidas para combatir el cambio climático, como han defendido algunos políticos y comentaristas. El objetivo del 1,5% de la OTAN supone una oportunidad histórica para incentivar las inversiones en energía limpia que nos mantendrán a salvo, reforzarán nuestras economías y ayudarán a proteger el planeta”.

La carta está firmada por antiguos mandos militares y europeos de Reino Unido, Países Bajos y Bulgaria. Entre ellos no hay ningún español.

Desde la pandemia, ha cobrado mayor importancia si cabe la interrelación que existe entre un sector estratégico, como la energía y la seguridad nacional. Un ejemplo son los temores iniciales del Gobierno a que el histórico apagón del pasado 28 de abril estuviera relacionado con un ciberataque, lo que llevó a incluir a varios expertos militares y de Inteligencia en el comité de expertos que analizó ese suceso durante más de un mes.

Otra buena muestra de esa interrelación son los fichajes que ha realizado en los últimos años de antiguos mandos militares y del mundo de la Defensa y la seguridad nacional Iberdrola, la primera eléctrica española: del exministro popular de Interior Ángel Acebes al expresidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, entre otros. El último nombre en esa lista es el de Juan Luis Pérez, Mando de Fronteras y Policía Marítima (2020-2024) y teniente General de la Guardia Civil, retirado desde el año 2024, consejero de Iberdrola España desde agosto.