Por: Patricio Rodríguez Palma

En los últimos días hemos visto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, amenazar con demandar a Luisa María Alcalde. No nos engañemos: esto no se trata de proteger el honor ni de buscar justicia. Es, más bien, una maniobra política torpe y oportunista, pensada para hacer ruido y tratar de ganar reflectores bajo la sombra del proyecto de transformación que hoy encabeza el gobierno federal.

Cuando una figura pública responde a la crítica con amenazas legales, demuestra dos cosas: falta de argumentos y desesperación. Y en este caso, además, hay un intento evidente de golpear no solo a Luisa María, sino al entorno cercano del presidente López Obrador, con la esperanza de minar su legado y generar desgaste político.

Pero quienes conocemos la histori

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