Una chapuza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , pone en riesgo de ser anuladas muchas investigaciones de la Guardia Civil: separó las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, pero no ha hecho un nuevo manual de actuación para los agentes y siguen ejerciendo funciones como cuando eran una sola especialidad. Esto puede provocar que se vayan al traste investigaciones completas, al hacer funciones para las que ya no están autorizados.

La Policía Judicial de la Guardia Civil lleva la investigación de los delitos más graves -homicidios, asesinatos, robos de gran cuantía, agresiones sexuales y narcotráfico- y las operaciones más grandes. En ella se encuentra la Unidad Central Operativa (UCO) , de plena actualidad por sus investigaciones de los casos de corrupción que salpican al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y por la ley que el Ejecutivo pretende aprobar para que la Fiscalía se quede con la UCO . Por su parte, los agentes de Criminalística son especialistas científicos.

Para la Policía Judicial, el manual es fundamental, es como un manual de instrucciones de cómo tienen que actuar. En él se recogen «los procedimientos técnicos de actuación y de material, la doctrina de empleo común en las materias relacionadas con las especialidades de Policía Judicial y Criminalística, teniendo como objetivo la correcta aplicación de los procedimientos técnico-operativos y el empleo adecuado y eficiente de los recursos humanos y materiales».

Antes, un mismo agente hacía la investigación y recogía las muestras e indicios de las escenas del suceso. Ahora, se supone que lo primero lo hace la Policía Judicial y lo segundo Criminalística. Sin embargo, la Policía Judicial continúa haciendo ambas cosas, lo que provoca que un juez pueda cuestionar la actuación profesional .

Interior es consciente de esta situación crítica, pero lejos de solucionarla, la mantiene durante varios años. A pesar de que el nuevo manual debió ser aprobado el 1 de abril de 2023, no tiene previsto publicar próximamente la modificación , según reconoció el pasado mes de junio la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil, mano derecha de Marlaska, a preguntas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) , la mayoritaria.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, la AUGC ha denunciado recientemente ante el Defensor del Pueblo esta situación, pidiéndole que tome cartas en el asunto e inste a la Dirección General de la Guardia Civil a que apruebe de forma urgente el nuevo manual de Policía Judicial y el de Prevención de Riesgos.

«Varios cambios normativos han generado un escenario caótico en la Policía Judicial, tanto a nivel funcional como jurídico , que pone en riesgo la eficacia del servicio y la seguridad jurídica del personal», sostiene Eugenio Nemiña , responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

«La Guardia Civil no puede sacar normas sin actualizar los manuales de trabajo, dado que pone en riesgo el resultado de los operativos al no tener claras las funciones o incluso extralimitarse e invadir funciones de otras unidades», manifiesta Nemiña.

A juicio de la AUGC, esta chapuza de aprobar una norma y no actualizar el manual se debe a que «si Criminalística tuviera que asumir todo lo que debería legalmente no podría, es inviable, por lo que debería dar marcha atrás o regular de una manera coherente».

Lleva tres años incumpliendo una norma

La orden general 27/2021 de la Guardia Civil estableció por primera vez de manera diferenciada las funciones y competencias propias de las especialidades de Policía Judicial y de Criminalística, lo que conllevó la derogación del manual vigente hasta ese momento, de 10 de junio de 2011, « el cual, obviamente, no se ajusta y contradice las nuevas disposiciones respecto a las funciones de dichas especialidades, ahora reguladas de manera diferencial», expone la AUGC en su escrito.

Dicha orden supuso la supresión a los especialistas de Policía Judicial de la competencia en Criminalística, manteniéndose ambas en el caso del personal destinado en puestos de trabajo de Criminalística, al tratarse anteriormente todos ellos de especialistas en Policía Judicial.

Por ello, en la disposición final primera ordenaba que la Jefatura de Policía Judicial «propondrá a la Dirección Adjunta Operativa para su aprobación, en el plazo de doce meses, la propuesta de modificación del manual de la Policía Judicial, para el desarrollo de la regulación de la organización, funciones, procedimientos y competencias de los órganos y Unidades de las especialidades de Policía Judicial y de Criminalística, así como de actuación técnica del conjunto de unidades que realizan funciones de policía judicial, tanto genérica como específica».

En el mismo plazo tenía que elevar «propuestas de normas técnicas de funcionamiento que posibiliten la adecuada operatividad de las unidades de Policía Judicial y sus órganos de Criminalística». Sin embargo, se ha producido un incumplimiento a lo establecido normativamente al no materializarse el nuevo protocolo de actuación policial.

Tremenda inseguridad jurídica

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, esta asociación denuncia la « tremenda inseguridad jurídica» que genera esta situación a estos especialistas, ya que ambos colectivos están asumiendo funciones y cometidos que no se corresponden con las establecidas en la citada norma que dividió sus funciones, «al aplicar las unidades territoriales el anterior manual de Policía Judicial, así como los planes de actuación que derivan del mismo».

Una circunstancia que, según alerta Eugenio Nemiña, puede acarrear que los agentes « incurran en responsabilidades legales , al ejercer funciones para las que ya no se encuentran habilitados, afectando también a procedimientos, gestión de personal y a las medidas de prevención de riesgos».

La AUGC sostiene que «la falta de planificación» y de una normativa actualizada ha derivado en una situación «insostenible» en la Policía Judicial, cuya consecuencia supone también que los agentes «no dispongan de formación suficiente en menores, accidentes laborales o ciberdelitos, además de la proliferación de subespecialidades sin criterios uniformes».

«Debería trabajarse en conjunto con las asociaciones para sacar cuanto antes el manual y dar seguridad a los agentes que están trabajando», concluye la asociación mayoritaria.