Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque letal en el mar Caribe el sábado, resultando en la muerte de tres presuntos narcotraficantes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la operación, que se enmarca dentro de una serie de ataques contra organizaciones narcotraficantes, considerados por muchos como ilegales.

Hegseth declaró que el ataque fue ordenado por el presidente Trump y que la embarcación atacada estaba vinculada a una Organización Terrorista Designada (DTO). En su publicación en redes sociales, Hegseth afirmó que la embarcación transportaba narcóticos y transitaba por una ruta conocida de contrabando.

Este ataque es el decimoquinto realizado por el ejército estadounidense desde principios de septiembre, sumando un total de 64 muertes en operaciones similares. Hegseth enfatizó que "los narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en casa" y que el Departamento de Defensa los tratará "exactamente como tratamos a Al Qaeda".

El ataque del sábado es el primero en el Caribe desde el 24 de octubre, ya que en las últimas semanas el Pentágono ha redirigido sus esfuerzos hacia el Pacífico oriental, donde se cree que hay pruebas más sólidas sobre el transporte de cocaína hacia EE.UU.

Sin embargo, la legalidad de estos ataques ha sido cuestionada por demócratas en el Congreso y líderes internacionales. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que estos ataques violan el derecho internacional y ha instado a su detención.

El comisionado de derechos humanos, Volker Türk, afirmó que "los ataques y su creciente costo humano son inaceptables" y pidió que se eviten ejecuciones extrajudiciales.

A pesar de las críticas, la administración Trump ha defendido su postura, argumentando que los cárteles de drogas representan una amenaza inminente para la seguridad de EE.UU. Legisladores demócratas han solicitado más información sobre la justificación legal de los ataques y los grupos específicos que han sido objetivo.

El debate sobre la transparencia y la legalidad de estas operaciones continúa, mientras el gobierno enfrenta presiones tanto internas como externas para proporcionar más detalles sobre sus acciones en el Caribe y el Pacífico.