El presidente colombiano Gustavo Petro ha revelado las primeras repercusiones de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), conocida como la Lista Clinton, el 24 de octubre de 2025. Durante su viaje a Medio Oriente, Petro informó que una de las consecuencias inmediatas ha sido la negativa a suministrar combustible al avión 001 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El mandatario, a través de su abogado Daniel Kovalik, está buscando su exclusión de esta lista. Sin embargo, fuentes de Washington consultadas por El Tiempo han indicado que, en lugar de una posible exclusión, se está revisando información para avanzar con una nueva ronda de sanciones. Estas sanciones estarían dirigidas a otros colaboradores cercanos al presidente y a la primera dama, Verónica Alcocer, quien ya figura en la lista.

Las nuevas medidas podrían incluir procesos judiciales. Según el mismo medio, se está analizando documentación relacionada con transferencias de fondos provenientes de Venezuela durante la campaña del Pacto Histórico. Estas indagaciones se centran en supuestos negocios energéticos, y se ha mencionado que personas cercanas a la primera dama podrían estar involucradas en estas investigaciones. La situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión política y económica en Colombia, lo que podría tener implicaciones significativas para el gobierno de Petro y su administración.