El pasado viernes, 31 de octubre, la Asamblea Nacional francesa desestimó la propuesta de la tasa Zucman, un impuesto sobre grandes patrimonios diseñado por el economista Gabriel Zucman. Este gravamen, que pretendía aplicar un 2% a las fortunas superiores a 100 millones de euros, no logró avanzar en el proceso parlamentario. Otra versión de la propuesta, impulsada por los socialistas, contemplaba un tipo del 3% para patrimonios a partir de 10 millones, aunque con excepciones para empresas familiares y emergentes. El rechazo de ambas iniciativas representa un revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu, que depende del apoyo socialista para la aprobación de los presupuestos de 2026. Este rechazo ha intensificado la tensión política en Francia y ha reavivado el debate sobre la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza en un país donde los impuestos al capital son de los más altos de Europa. Desde 2017, Francia eliminó su histórico Impuesto sobre la Fortuna, reemplazándolo por un tributo más limitado centrado en el patrimonio inmobiliario. Mientras tanto, en España, se ha mantenido un impuesto similar, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que fue aprobado mediante la Ley 38/2022 y entró en vigor el 28 de diciembre de ese año. Aunque inicialmente se pensó como un gravamen temporal para los ejercicios de 2022 y 2023, se ha consolidado como una herramienta permanente en el sistema tributario estatal. El objetivo del impuesto es aumentar la recaudación en un contexto de alta inflación y armonizar la fiscalidad autonómica, ya que algunas comunidades aplicaban bonificaciones que generaban competencia fiscal a la baja. Este impuesto afecta a personas físicas residentes en España con patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, así como a no residentes con bienes en el país que superen esa cantidad. La base imponible se calcula sobre el patrimonio neto, y los tipos impositivos son progresivos, comenzando en 0% para patrimonios inferiores a 3 millones y alcanzando hasta un 3,5% para aquellos que superan los 10,7 millones. A pesar de los recursos que alegaron su inconstitucionalidad, todos fueron desestimados. El Gobierno español defiende que este impuesto busca reforzar la justicia fiscal, asegurando que quienes más tienen contribuyan más, especialmente en un contexto de creciente desigualdad. Sin embargo, la oposición y parte del empresariado critican que este tipo de tributos generan incertidumbre jurídica y pueden desincentivar la inversión extranjera. Desde su implementación, la recaudación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha aumentado un 57,7% en 2023, evidenciando su impacto en las arcas públicas.