El Gobierno promulgó la ley que establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión en empresas de transporte público y de carga. La norma fue presentada como una respuesta urgente a la creciente ola de violencia que afecta a conductores, cobradores y empresarios del rubro. Su aprobación se produce justo cuando los principales gremios del sector preparan un paro de transportes por la falta de acciones efectivas contra el crimen organizado.

La ley busca reforzar la articulación entre la Policía Nacional , el Ministerio de Transportes y Comunicaciones , y la Superintendencia de Banca y Seguros. Se creará un registro nacional de empresas vulnerables y se impulsará el intercambio de información entre entidades para detectar posibles redes de lavado de activos vinculadas a

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