«El fiscal general me mató públicamente, reventó mis derechos; soy el delincuente confeso del Reino de España, me doy por condenado en mi causa ... por delitos fiscales. Solo me quedan dos caminos: o me voy de España o me suicido». El punto de no retorno para Alberto González Amador comenzó la mañana del 14 de marzo de 2024. Ese día la Fiscalía publicó una nota de prensa para desmentir el «bulo» propagado en redes sociales la jornada anterior por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y que algunos medios amplificaron. Una información que detalló que el fiscal del caso ofreció un pacto al abogado del empresario por la comisión de dos delitos tributarios, pero que «por órdenes de arriba» finalmente se retiró, cuando en realidad fue al revés.

Ese comunicado del Mi

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