El asilo político constituye un pilar del derecho internacional contemporáneo. Se trata de un instrumento jurídico mediante el cual un Estado protege a individuos con amenazas a sus derechos fundamentales. Su institucionalización se consolidó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención de Caracas (1954).

Es en este marco que la diplomacia considera al asilo político como un acto de soberanía, además de una prerrogativa humanitaria, como reflejo de adhesión de los Estados a los principios universales del derecho.

América Latina posee una tradición histórica de protección de perseguidos políticos. Han funcionado como mecanismos de prevención diplomática ante la escalada de conflictos internos, y como expresión de un compromiso regional con la defensa de la d

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