El reciente asilo de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ha encendido todas las alarmas en el país. Su huida, ejecutada con la pasividad del Estado y la torpeza de las instituciones, deja al descubierto —una vez más— la fragilidad de nuestro sistema de justicia y la falta de coordinación entre sus poderes.

El Tribunal Constitucional tuvo su cuota de responsabilidad al dictar una resolución que permitió su liberación. Pero no fue el único. La Fiscalía tramitó mal la prórroga de su prisión preventiva. Su accionar en el caso de Chávez ha sido una sospechosa vergüenza, si se tiene en cuenta que es una figura clave en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La suma de esos errores —o negligencias— terminó por abrirle la puerta de escape a una de las p

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