En las últimas décadas, México ha transitado de un modelo civil con apoyo militar a una creciente militarización de sus estructuras administrativas, de seguridad y, más recientemente, incluso civiles. Lo que comenzó como una estrategia temporal para combatir al crimen organizado se ha transformado en una política de Estado: las Fuerzas Armadas ya no solo patrullan las calles, sino que administran aduanas, aeropuertos, puertos, obras públicas y programas sociales. Esta tendencia plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia mexicana y las consecuencias que podría tener en la vida pública y en las libertades ciudadanas.

Históricamente, la Constitución mexicana estableció con claridad la subordinación del poder militar al poder civil. Sin embargo, desde el inicio de la llamad

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