La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz , advirtió sobre un agravamiento estructural del derecho a la salud en el país, derivado del incremento sostenido de barreras para acceder a medicamentos esenciales , especialmente en zonas rurales, étnicas y con baja conectividad.

El estudio, basado en 3.449 encuestas y datos de 19 departamentos , revela que el costo de adquirir un medicamento no entregado por el sistema puede representar entre el 7% y el 90% de los ingresos mensuales de una persona, comprometiendo derechos fundamentales como la alimentación, la educación y la vivienda digna.

Medicamentos ausentes y desigualdades profundas

La Defensoría reportó, con corte a septiembre de 2025, 584 medicamentos no entregados y un 48% de casos aún sin resolver. Entre los fármacos con

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