El Pleno del Congreso de la República ha aprobado un dictamen que permite, de manera excepcional, a las universidades públicas realizar modificaciones presupuestarias durante el año fiscal 2025. Esta decisión se tomó en la noche del miércoles y busca financiar los gastos de gestión y operatividad de estas instituciones, conforme a la normativa vigente.

La iniciativa se basa en el Proyecto de Ley 10997/2025-CR, presentado por el congresista Alejandro Soto Reyes, del partido Alianza para el Progreso (APP). La propuesta recibió un respaldo significativo, con 92 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, y fue exonerada de segunda votación.

Durante la presentación, Soto Reyes, quien también preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, explicó que "en todo el sector público existen saldos presupuestales que no se pueden utilizar por la rigidez del presupuesto 2025, y uno de ellos son las universidades públicas". El objetivo de esta norma es permitir que estas instituciones puedan realizar modificaciones en el nivel funcional programático, utilizando recursos de partidas específicas para cubrir sus gastos operativos.

El artículo único de la ley autoriza a las universidades a modificar su presupuesto utilizando recursos de las partidas 2.1.1, que corresponde a retribuciones y complementos en efectivo, y 2.1.3, que se refiere a contribuciones a la seguridad social. Estas modificaciones están destinadas a financiar los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y quedan exoneradas de varios numerales de la Ley 32185, así como de otros artículos del Decreto Legislativo 1440.

Las modificaciones presupuestarias deberán ser autorizadas mediante resolución del titular del pliego, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Recursos Humanos correspondiente. Además, se establece que durante el año fiscal 2025 se podrá incrementar la remuneración de los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas. Este aumento se realizará en un solo tramo a partir de diciembre, mediante un decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Educación, a propuesta de este último.

El texto también incluye cinco disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria modificatoria, que buscan fortalecer la operatividad de las universidades públicas en el país. La aprobación de esta ley representa un paso importante para la gestión financiera de estas instituciones educativas en el contexto del presupuesto 2025.