Debido al incremento de casos de violencia familiar y de género en el estado, la diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, presentó una iniciativa que busca incorporar de manera permanente la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango.

La legisladora señaló que esta medida garantizará la atención inmediata, profesional y coordinada a mujeres víctimas de violencia, evitando que su funcionamiento dependa de decisiones administrativas o presupuestales temporales.

"La protección de las mujeres no puede ser opcional. Debe consolidarse como un mandato legal permanente. Cada día sin acción es un día más de riesgo para quienes confían en que el estado las protegerá", afirmó.

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