El Ministerio de Vivienda ultima, con algunas novedades de última hora, el plan estatal de vivienda que estará en vigor entre el 2026 y el 2030 y que pretende impulsar la construcción de vivienda protegida ante el problema de acceso a un inmueble digno que existe en este momento. La financiación prevista es de 7.000 millones de euros, el triple que la del plan actualmente en vigor. La medida estrella es la condicionalidad de los fondos estatales a que las promociones que se financien tengan protección permanente y, por tanto, no se puedan liberalizar al cabo de unos años. Pero no es la única. En los últimos días el Gobierno ha incorporado al plan otra medida reclamada por la mayoría de comunidades autónomas y también por el sector promotor: ayudas para acelerar la urbanización de suelos.

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