La modificación de Código Penal es la primera reforma estructural que necesita la Argentina, previa a las reformas laboral y tributaria. Porque se debe recuperar la confianza social en la ley. Y para ello, se debe terminar con la impunidad de los delitos del poder: político, económico, sindical y cultural.

En Argentina, un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y tiene un índice de condena del 4%. Ese es el núcleo central del “problema argentino”, y por eso no basta con una reforma del Código Penal.

Se necesita una única megaley que, en un solo texto, integre reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, al Consejo Federal de la Magistratura y al sistema educacional argentino.

Esta es la técnica legislativa que se emplea en los tratados de derechos humanos: en

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