El Gobierno ha pasado de desplegar una estrategia a la ofensiva sobre la financiación de partidos a recular para posicionarse a la defensiva. La intención del Ejecutivo era aprobar antes de final de año una reforma para endurecer la ley de financiación de partidos. El objetivo consistía en “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada” , según recoge el plan anual normativo. Se ponía el foco en Vox y casos como su presunta financiación por un banco extranjero, tras una denuncia del PSOE sobre financiación irregular que acabó archivando la Fiscalía Anticorrupción alegando una sanción previa del Tribunal Cuentas al partido de Santiago Abascal. Sin embargo, ahora las sospechas sobre la financiación irregular han virado hac

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